DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE DE PUNO

PRONUNCIAMIENTO:

La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, nos dirigimos a la opinión pública, al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Presidencia del Congreso de la República, al Presidente Regional de Puno. Frente al justo reclamos de los hermanos y hermanas de la zona sur de nuestra región, en contra de las concesiones mineras y petroleras, manifestamos lo siguiente:

La Región Puno, tiene como problema principal el débil acceso

y calidad de agua para el consumo humano, actividades agropecuarias, pesca y otros. Las actividades mineras solo son de beneficio de pocas personas convirtiéndose en la causa de la miseria de la población regional.

En el año 2010, se han recibido 1,656 solicitudes de concesiones mineras en Puno, se han registrado en el Inventario Actualizado de Pasivos Ambientales Mineros hasta el 28 de agosto del año 2010, que existen 256 Pasivos Ambientales en la Región, ubicados en la Provincia de Carabaya 80, Puno 16, San Antonio de Putina 51, Sandia 3, Lampa 54, San Román 9, Azángaro 2, Huancané 1, Chucuito 37, y 3 que no se conoce los lugares, existen también las concesiones de los lotes petroleros Nº 105, 141, 155 y 156 que abarcan a 11 de las 13 provincias de la Región.

El 48% de los conflictos sociales son medio ambientales, estos conflictos por lo general ocurren cuando no hay información oportuna, cuando empresas mineras ingresan a territorios de Comunidades Campesinas, sin respetar el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre e informado.

Desde hace 16 días,

los pobladores de la zona sur de la Región, entre ellos mujeres, niños y ancianos, permanecen en la i

ntemperie, solicitando solución a sus legítimos derechos la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, sin que haya respuesta de parte del Estado hasta el momento. Durante los últimos días esta medida de lucha, ha recibido el apoyo de muchas organizaciones sociales, instituciones, universidades de nuestra Región de Puno, quienes se unen ante esta protesta mostrando su indignación ante la dejadez de parte del Gobierno Central.

Por esta razón solicitamos lo siguiente:

1. Exigimos el cumplimiento de la aplicación del Derecho a la Consulta, a todas las concesiones mineras y petroleras emitidas desde el año 1995, que afectan los derechos de las comunidades campesinas de la región de Puno, establecidos en los artículos 6, 7, 15 del Convenio 169 de la OIT, y ahora estipulado en el Decreto Supremo 023-EM, Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas para las actividades Minero Energéticas. Así como se garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y de los fundamentos 52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC.

2. Respecto a la Resolución Suprema 131-2011-PCM, la cual rechazamos y pedimos la incorporación a esta comisión a los actores de la sociedad civil y otras instituciones que trabajan el tema medio ambiental, especialmente de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur, actualmente en conflicto con la Empresa Minera Bear Creek Mining, Santa Ana. Demandamos que para el funcionamiento de esta Comisión se precise los objetivos, facultades y se acorte los plazos, y que las reuniones de esta comisión deben ser realizadas en la ciudad de Puno y que los acuerdos al que arriben tengan carácter vinculante.

3. Rechazamos la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, por cuanto no es una respuesta que ayuda al dialogo y a resolver los problemas con mecanismos pacíficos.

4. Invocamos a las autoridades regionales y locales a la sociedad civil a mantener calma y responsabilidad para la conformación de una Comisión Regional, que ayude al dialogo con el Gobierno Central para la solución del conflicto.

La oficina de Derechos Humanos y medio Ambiente de Puno, ratifica su compromiso de seguir trabajando por la defensa de la vida, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en el marco del desarrollo humano sostenible.

Fuente: crp-conferperu.org

Puno: habrá consulta previa a pueblos indígenas para iniciar operaciones mineras

Paquete de normas publicadas hoy también suspende la recepción de nuevos expedientes mineros y ha sido producto de mesas de diálogo con dirigentes aimaras y quechuas.

Las conversaciones entre los dirigentes aimaras y quechuas de Puno y las autoridades del ministerio de Energía y Minas y la PCM comienzan a plasmarse en blanco y negro, a través de dispositivos legales, a pesar de la violencia producida ayer en Juliaca.

Al decreto supremo que prohíbe la minería en dos distritos de la provincia puneña de Chucuito, se sumaron en la edición de hoy de El Peruano varios otros que arrojan luz sobre lo acordado con los manifestantes y sus representantes en Lima.

Entre ellos, el decreto supremo 033-2011-EM, que detalla la adecuación de petitorios mineros y la suspensión de admisión de nuevos petitorios en Puno. Es así que los petitorios mineros (solicitudes de concesión minera) en trámite deberán someterse al “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las actividades minero energéticas”. Además de la consulta obligada a las comunidades —que deberá ser ejecutada por el ministerio de Energía y Minas o el Gobierno regional, se contará con un año para presentar la información básica del proyecto, que “comprenderá aspectos ambientales y sociales considerando prácticas culturales, religiosas y/o espirituales respetando las costumbres ancestrales, la integridad de los valores representativos e instituciones de los pueblos”.

Lee AQUÍ el decreto supremo 033-2011-EM (Página 35).

La consulta previa, así, queda como requisito indispensable para el otorgamiento de licencias de explotación minera en la zona. Asimismo, los nuevos petitorios deberán adecuarse a la nueva norma.

A este decreto, se suma el 034-2011-EM, en que se dispone que la consulta a los pueblos indígenas es condición previa a la realización de actividades mineras a pesar de los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras y otorgamientos de derechos de exploración y/o explotación de hidrocarburos vigentes. Para el proceso de adecuación, incluso para concesiones vigentes, el MEM coordinará con el ministerio de Cultura y el de Agricultura a fin de determinar qué pueblos serán materia del proceso de consulta.

Exportadores bolivianos pedirán a la CAN reparación por paro en Puno

La Camara de Exportadores de El Alto en Bolivia estima que se han perdido 20 millones de dólares desde que se inició la huelga antiminera.

Ya van 21 días desde el inicio del paro antiminero en Puno y los exportadores bolivianos continúan con sus productos varados en la frontera con Bolivia por lo que han indicado que pedirán a la Comunidad Andina (CAN) una reparación por los perjuicios que su carga ha sufrido.

“Tenemos profesionales –encargados de evaluar las pérdidas- para pedir un resarcimiento económico a la Comunidad Andina de Naciones, mediante la Cancillería boliviana”, señaló Gustavo Rivadeneira, presidente de la Cámara de Exportadores de El Alto en Bolivia, según informó la agencia France Press.

Rivadeneira estimó que los 300 camiones bolivianos varados generan un daño económico de unos 20 millones de dólares.

“Son 300 unidades que se encuentran en el lado peruano, de retorno a Bolivia, los cuales se encuentran afectadas por los bloqueos, tres semanas, 21 días que nos encontramos secuestrados, prácticamente, en el lado peruano. Las pérdidas son enormes, tanto para el transporte como para los exportadores”, aseguró el presidente de la Cámara de Exportadores de El Alto.

Rivadeneira consideró que sus compatriotas son “rehenes” de los bloqueadores en el Desaguadero, aunque “en algunas regiones se está permitiendo el paso de las movilidades (vehículos)”.

Fuente: elcomerio.pe

Puno lanzará campaña turística para revertir imagen dejada por actos vandálicos

Difundirán bondades tales como su arte, riqueza y cultura, informó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de la ciudad

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) dePuno realizará una campaña de promoción turística destinada a revertir la imagen que dejaron la semana pasada los actos vandálicos en la ciudad durante la protesta contra las concesiones mineras.

Lourdes Abarca Fernández, titular de la Dircetur Puno, informó que esta campaña implicará dar a conocer las bondades de la población puneña, su arte, riqueza, cultura y circuitos turísticos a los que se puede acceder.

Para ello, explicó, se utilizará herramientas como Internet y se alcanzará una propuesta a la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (Promperú) a fin de contar con su apoyo.

Recordó que el turismo es una actividad muy sensible y las pérdidas económicas son muy altas, ya que “la ciudad vive del turismo, que diversifica la base productiva y genera empleo sostenible”.

“Los actos vandálicos afectaron nuestra imagen, pero Puno no es así. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, seguimos trabajando en desarrollar productos turísticos y fortalecer los circuitos”, indicó a la agencia Andina.

La funcionaria sostuvo que el lago Titicaca es, después de Machu Picchu, enCusco, el segundo destino turístico del país.

Según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Puno, las pérdidas en el sector sumaban más de 100 millones de nuevos soles hasta la semana pasada.

La población de la zona sur del departamento inició su protesta el 9 de mayo y luego la trasladó a la capital puneña, donde se reportaron destrozos en instituciones públicas y empresas privadas.

Fuente: elcomercio.pe

Acuerdan consultas previas sobre concesiones mineras en Puno

En RPP Noticias, el ministro Villasante precisó que no se ha suspendido la minería en la zona, sino que se aplicarán procedimientos de consulta previa, regulado en el Decreto Supremo 023-2001.

El ministro de Agricultura, Jorge Villasante, informó que el Ejecutivo y los representantes de Puno acordaron aplicar procedimientos de “consulta previa” a las comunidades sobre la posibilidad de otorgar concesiones mineras en sus territorios.

En diálogo con RPP Noticias, precisó que no se ha suspendido la minería en la zona, sino que, para la realización de estas actividades, se apliquen procedimientos de consulta previa, regulado en el Decreto Supremo 023-2001 del Ministerio de Energía y Minas.

“El derecho de concesión de por sí no autoriza a realizar labores de exploración ni explotación. Tratándose de terrenos de propiedades de campesinos o comunidades indígenas, previamente se cuente con el acuerdo de los propietarios del terreno superficial, bajo el cual se encuentren los recursos naturales a explotarse”, manifestó.

Villasante explicó que el caso de la minera Santa Ana es distinto, ya que se dispuso la anulación del contrato por irregularidades en la concesión.

Según informó el congresista por la región Puno Yonhy Lescano, el gobierno y los dirigentes de Puno acordaron esta madrugada dejar sin efecto el Decreto Supremo 086, que facultaba las labores de dicha minera en Puno.

Villasante señaló que similar acuerdo se adoptó en la provincia puneña de Melgar, donde también las comunidades aymaras realizaron un paro antiminero.Tras saludar a todos los campesinos del país por su día, dijo que es una oportunidad para ratificar los compromisos de mejorar las condiciones de producción y productividad.

Puno: piquetes de huelga amanecen en Desaguadero y Macusani

“Los manifestantes Aymaras de Desaguadero exigen cancelación definitiva de las concesiones mineras, cese a la supuesta persecución a los dirigentes y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, documento que facilitó en ingreso del proyecto minero Santa Ana al distrito de Huacullani“.

Compartiendo información de Radio Onda Azul de Puno

Este viernes 10 de junio, pese al intenso frío, que sobre pasa los 10 grados bajo cero, los huelguistas tanto en el distrito de Desaguadero y Macusani, no dan marcha atrás, ya que decidieron pernoctar en la vía pública durante toda la noche, haciendo fogatas, organizados en grupos de piquetes y por turnos.

Asimismo, los cientos de efectivos de la Policía Nacional, también permanecieron resguardando toda la noche el puente internacional de Desaguadero, mientras los manifestantes hacen los esfuerzos para evitar que vehículos transite hacia lado boliviano.

Mientras en el distrito de Macusani, luego de en la víspera quemaran almacenes de uranio de las empresas mineras Solex y Pacífico Sur; los piquetes de huelguistas amanecieron en las carreteras que conectan a esta ciudad como es la vía hacia San Gabán, Nuñoa y Juliaca este último fue bloqueado hasta 20 kilómetros a la redonda, por lo que los pasajeros que ayer se trasladaban caminando, no lo podrán hacer hoy.

Los manifestantes Aymaras de Desaguadero exigen cancelación definitiva de las concesiones mineras, cese a la supuesta persecución a los dirigentes y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, documento que facilitó en ingreso del proyecto minero Santa Ana al distrito de Huacullani.

Por su parte, los huelguistas de Carabaya – Macusani piden la cancelación del mega proyecto hidroeléctrica del Inambari y también rechazan las concesiones mineras.

De ambos lados, los dirigentes Walter Aduviri (zona sur) y Hernán Vilca (zona norte) mostraron su disposición al diálogo con el Gobierno Central.

Fuente: lamula.pe

Puno y el conflicto por anulación concesiones mineras

Un nuevo ingrediente en el conflicto de Puno: “el tema de la minería en zona de frontera”.Aquí el artículo escrito por José De Echave, tomado de la Coordinadora Nacional de Radio.

Son varias semanas de protestas en Puno en contra de la actividad minera. Se inició como una rea

cción frente al proyecto minero de Santa Ana(1), en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito), en el extremo sur de la región y se extendió por todo Puno. Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “hay un tufillo político” ha declarado el presidente García; “se mueven intereses subalternos” dicen algunos editoriales. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.

En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en Puno también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

En Puno existe otro ingrediente: el tema de la minería en zona de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. En el caso de Puno, en los últimos años se han dado varios decretos supremos y precisamente el DS 083-2007 es cuestionado por la población.

El conflicto en Puno también ha mostrado una particularidad que lo diferencia de otros casos de conflictos recientes. El tema central en las últimas semanas no ha girado en torno a un caso o proyecto minero específico; el pedido central ha sido la anulación de todas las concesiones mineras otorgadas en esa región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa Ana) es desplazado y el cuestionamiento a una determinada política (las concesiones) ocupa el lugar estelar en el conflicto.

Esto obliga a evaluar lo que está pasando en el país en cuanto al tema de las concesiones. Los mecanismos actuales de entrega de concesiones mineras parecen agotados: las decisiones se toman en Lima sin ningún tipo de interacción con las instancias regionales y locales, sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones. Varios gobiernos regionales han comenzado a demandar algún tipo de competencias en la materia.

Si bien el discurso en algunas regiones apunta a lograr una suerte de autonomía absoluta, lo cierto es que hay puntos intermedios que pueden permitir avances y entendimientos: evaluaciones previas de las zonas que serán concesionadas, mecanismos de información y consulta a las regiones, tomar en cuenta los procesos de ordenamiento territorial y zonificación, acceso a información adecuada en tiempo real, etc.

Se hace necesario mejorar este tipo de procedimientos para evitar conflictos y hechos tan lamentables como los que vienen ocurriendo en Puno. Un tema clave de política pública para la minería que hasta el momento en la campaña electoral no se ha abordado en serio.

ACTUALIZACIÓN. Con información de Gestión.

Los datos que nos brinda el diario Gestión caen como cerezas al pastel para explicar la prepotencia de las mineras y la incapacidad del gobierno. En lo que va del año, Osinergmin aplicó 81 multas a empresas mineras por incumplir normas de seguridad e higiene laboral, aunque hasta ahora solo 20 han sido canceladas, informó el presidente de ese organismo, Alfredo Dammert.

Esa cantidad de sanciones significa un monto total de S/. 11.3 millones, pero las multas pagadas ascienden apenas a S/. 1.7 millones, y el resto fue impugnado, estando varias de ellas pendientes de resolverse ante el Poder Judicial, indicó.

Otro caso

Mientras tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó a Gestión que iniciaron 50 procedimientos administrativos sancionadores a empresas mineras y además resolvieron 24 expedientes en los que han interpuesto sanciones por incumplimiento de las normas ambientales.

Al respecto, su presidente Walter García detalló que las multas ascienden a S/. 15’488,892, de los cuales se han abonado S/. 105,516.

Fuente: lamula.pe